Han pasado ya varios años pero numerosos conductores nos comentan que siguen sin entender, ni aceptar pacíficamente, esa especie de chantaje que estableció en su día la reforma del procedimiento sancionador en materia de infracciones de tráfico, por la que se impide el derecho a interponer alegaciones en caso de no estar de acuerdo con una sanción de tráfico.
En aquel momento alguien en el Congreso de los Diputados bautizó a esta situación por la que, si se plantea un recurso se pierde el descuento del 50 por 100 por pronto pago, como “comprar el allanamiento del ciudadano”. Y no es en absoluto motivo de alegría que nos tengamos que allanar en nuestras pretensiones porque nos condicionan por dinero.
Ya manifestamos entonces desde CEA nuestra radical oposición a que se trapichease con el importe de las multas de tráfico y que se estableciera una rebaja, a modo grandes almacenes, por la que si pagamos y nos olvidamos de defender nuestros derechos, en caso de querer hacerlo, se nos aplica un generoso descuento de la mitad del precio. ¿O es que las administraciones públicas solucionaron sus ineficiencias recortando derechos de sus administrados?
Creo que ha llegado el momento de volver a restablecer derechos cercenados a los automovilistas y que, al igual que pasa con la Agencia Tributaria sin ir más lejos, que podamos pagar una sanción y también, si lo estimamos oportuno en defensa de nuestros derechos, podamos plantear un recurso de reposición sin que por ello se nos suprima el beneficiarnos de pagar con descuento. Y que ese recurso se tramite y, si no tenemos razón, pues nos quedaremos tranquilos; pero si la tenemos, entonces que se proceda a devolvernos en su integridad más los intereses de demora correspondientes, el importe indebidamente pagado.
La cuestión es muy sencilla: la inmensa mayoría de los automovilistas queremos poder pagar las multas sin perder el descuento del 50 por 100 y recurrir al mismo tiempo si así lo deseamos. Porque lo de pagar y callar no casa bien con el país democrático y garantista de los derechos de sus ciudadanos que es España.
Rafael Fernández-Chillón - Presidente de CEA.
