Un análisis de las polémicas políticas medioambientales urbanas.
En los últimos años, la creciente conciencia sobre la urgencia de combatir el cambio climático ha llevado a la implementación de diversas políticas medioambientales en las ciudades de todo el mundo.
En España, una de las medidas más destacadas ha sido la introducción de las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en distintas urbes, algo que viene impuesto desde la Unión Europea. Estas etiquetas clasifican a los vehículos según su nivel de emisiones contaminantes y determinan las restricciones de circulación en las áreas urbanas más afectadas por la contaminación.
Las etiquetas de la DGT: una breve descripción
Las etiquetas ambientales de la DGT se dividen en cuatro categorías:
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Cero emisiones, azul: Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.
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Eco, bicolor, verde y azul: Los siguientes en el escalón de eficiencia, se trata en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.
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C, verde: Vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.
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B, amarilla: Vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.
El resto de los vehículos, el 50% más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio.
Estas etiquetas permiten a las autoridades municipales restringir la circulación de los vehículos más contaminantes en determinadas áreas, con el objetivo de reducir la contaminación del aire y proteger la salud pública.
Problemas y controversias
Aunque la intención detrás de las etiquetas de la DGT y las ZBE es loable, esta medida ha suscitado una serie de problemas y controversias. Una de las críticas más comunes, que conocemos bien por las numerosas quejas que recibimos de socios de CEA afectados, es el impacto económico que estas restricciones tienen sobre los propietarios de vehículos antiguos, que normalmente no pueden permitirse comprar un coche nuevo y más ecológico. Este problema es especialmente acuciante en aquellos segmentos de la población con menores recursos económicos, que se ven forzados a utilizar medios de transporte publico alternativos o a limitar sus desplazamientos.
Desigualdad en el acceso a la movilidad
Las restricciones también han generado desigualdades en el acceso a la movilidad. Mientras que los propietarios de vehículos con etiquetas Cero y Eco pueden circular libremente en las ZBE, aquellos con etiquetas B y C se enfrentan a restricciones que pueden afectar su capacidad para moverse por la ciudad, especialmente si residen en áreas periféricas o rurales donde el transporte público no es tan eficiente o accesible.
Para que las ZBE y las etiquetas de la DGT sean realmente efectivas, desde CEA sostenemos que sería fundamental contar previamente con una infraestructura adecuada que facilite la transición a vehículos más sostenibles. Esto incluye la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la mejora del transporte público. Sin embargo, la realidad en España es que muchas ciudades aún no están preparadas para ofrecer estas alternativas de manera óptima, lo que limita las opciones de los conductores y genera frustración y lógica oposición a las ZBE.
Otro punto de controversia es la inconsistencia en la aplicación de las normas. Las diferentes ciudades pueden tener criterios distintos para la regulación de las ZBE, lo que crea confusión entre los conductores y dificulta el cumplimiento de las normativas. Además, algunos municipios pueden aplicar excepciones o modificar las restricciones en función de la presión política o social, lo que socava la credibilidad y efectividad de las medidas.
Perspectivas futuras y recomendaciones
Para abordar estos problemas y mejorar la implementación de las etiquetas de la DGT y las ZBE, es necesario considerar una serie de estrategias:
a) Subvenciones y ayudas para la renovación del parque automovilístico
Una medida efectiva sería la concesión de subvenciones y ayudas económicas para la adquisición de vehículos menos contaminantes. Esto ayudaría a los propietarios de vehículos antiguos a renovar su parque automovilístico sin enfrentarse a un gasto prohibitivo.
b) Mejora de la infraestructura
Es crucial invertir en la infraestructura necesaria para apoyar la transición a vehículos sostenibles. Esto incluye la expansión de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la mejora del transporte público, asegurando que sea accesible, eficiente y asequible para todos.
c) Campañas de concienciación y educación
Las campañas de concienciación y educación pueden desempeñar un papel vital en la aceptación de estas medidas. Informar a la ciudadanía sobre los beneficios ambientales y de salud pública de las ZBE y las etiquetas de la DGT puede fomentar un cambio positivo en las actitudes y comportamientos.
Como resumen, desde CEA entendemos que la introducción de las etiquetas de la DGT y las Zonas de Bajas Emisiones representa un paso importante hacia la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente urbano, algo que viene impulsado desde Bruselas. Sin embargo, para que estas medidas sean efectivas y justas, es necesario abordar y resolver las problemáticas asociadas a su implementación a través de un enfoque integral que incluya apoyo económico a los automovilistas para acceder a vehículos menos contaminantes, la mejora de la infraestructura de recargar, hoy absolutamente insuficiente y mejor coordinación normativa, lo que nos permitirá avanzar en España hacia ciudades más sostenibles y saludables para todos.
Rafael Fernández-Chillón. Presidente de CEA
