Soy consciente que hablar de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades españolas es un tema delicado y hasta espinoso, pues tienen sus partidarios y sus detractores. Pero desde CEA tenemos que defender los derechos de los automovilistas, de todos, pues es indudable que numerosos se van a ver perjudicados por la creación de las mismas.
Es importante y debemos saber que no es un capricho de los grandes ayuntamientos españoles, como los de Madrid o Barcelona, que son a los que les están lloviendo las críticas de los afectados, puesto que todos los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes se van a ver obligados a ello antes de 2023 para cumplir con la Ley del Cambio Climático impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que entró en vigor el pasado mes de mayo. Se calcula que solamente en la Comunidad de Madrid 22 municipios deben crear en sus territorios estas Zonas de Bajas Emisiones.
Según nos dice la propia Ley “se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos”.
El problema se plantea para todos aquellos conductores cuyos vehículos no disponen de etiqueta medioambiental de la DGT o están en posesión de la etiqueta B, puesto que ya no podrán circular por estas nuevas ZBE. Muchos ciudadanos se verán impedidos de entrar a diario a trabajar a los centros de las ciudades con sus vehículos, así como muchos profesionales del transporte o del reparto a domicilio.
Imagino que a todos nos gustaría disponer del último modelo de coche, moto, furgoneta, camión o autobús, lo más ecológico, seguro y eficiente energéticamente hablando, pero las administraciones implicadas y sus responsables deben ser conscientes de que estamos viviendo una larga crisis económica, que ha afectado de manera muy importante al empleo, y no es por capricho por lo que se circula en España con un parque móvil cada vez más antiguo y obsoleto.
Por supuesto que mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades es un objetivo deseable y se deben tomar medidas, pero como sociedad no podemos hacer que paguen por ello los que disponen de menos recursos económicos y, por ello, no pueden ni plantearse cambiar sus vehículos por otros nuevos.
Los ayuntamientos deben cumplir la Ley del Cambio Climático, que es de ámbito nacional, no tienen otra opción, pero desde el Gobierno y desde el Congreso que aprobó dicha ley parece que no han tenido en cuenta los perjuicios que van a causar a infinidad de conductores españoles, privándoles de poder seguir con su vida, personal o profesional, con normalidad. Desde CEA pedimos comprensión y flexibilidad en la aplicación de la ley y que se tenga en cuenta a los perjudicados por la misma.
Y es que ya lo sabemos: el papel lo aguanta todo. Continuará.
Rafael Fernández-Chillón. Presidente de CEA
