El impulso hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos de la sociedad continúa siendo una prioridad en la agenda política de muchos países. En este contexto, el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible ha vuelto a ver la luz, comprometiéndose el gobierno a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024.
El anteproyecto establece que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000, deberán dotarse de un plan de movilidad sostenible simplificado. Asimismo, los grandes centros de actividad tendrán que implementar, en el plazo de 18 meses, planes de movilidad sostenible.
Otra de las medidas más destacadas de este anteproyecto es la exigencia para las grandes empresas, tanto públicas como privadas, con más de 500 trabajadores o 250 por turno, de implementar planes de transporte sostenible al trabajo en un plazo máximo de dos años.
¿Qué debe contener un plan de transporte sostenible al trabajo?
Los planes de transportes sostenible al trabajo deberán ser objeto de un seguimiento que permita evaluar el nivel de implantación, y deberán ser negociados con la representación legal de los trabajadores.
Los planes de transporte sostenible al trabajo que se espera implementen las grandes empresas deberán contemplar una serie de medidas destinadas a fomentar modos de transporte más limpios y eficientes, tales como el transporte público, la movilidad activa (caminar o andar en bicicleta) y el uso de vehículos eléctricos o de bajas emisiones, así como medidas relativas a la seguridad y la prevención de los accidentes laborales.
Además de contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, la implementación de estos planes de movilidad sostenible podría tener otros beneficios significativos para las empresas, como la mejora de la productividad de los empleados al reducir los tiempos de desplazamiento, la disminución de los costos asociados al transporte y la mejora de la imagen corporativa al demostrar un compromiso real con la sostenibilidad.
Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá en gran medida de la colaboración entre el sector público y el privado, así como de la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y servicios de transporte público eficientes y accesibles. Es fundamental que las empresas cuenten con el apoyo necesario para la implementación de estos planes, ya sea a través de incentivos fiscales, financiamiento para la adquisición de vehículos eléctricos o la construcción de infraestructuras para la movilidad activa, entre otras medidas.
En conclusión, el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible representa un paso importante hacia la construcción de ciudades más sostenibles y habitables. La obligación para las empresas grandes de implementar planes de transporte sostenible al trabajo en un plazo de dos años es una medida ambiciosa, pero necesaria, que contribuirá a mitigar los impactos negativos del transporte en el medio ambiente y a promover un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.
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Maribel Muñoz Villa - Coordinadora Europea de Movilidad
